Caso terrorismo y la justicia en Bolivia 馃嚙馃嚧
Casos terrorismo en tres gobiernos muestran una Justicia «servil» para «asfixiar» al adversario
Se trata de una justicia “funcional” que abre y cierra procesos de acuerdo al color pol铆tico del gobierno de turno, se帽alan parlamentarios y analistas.
Tres casos por terrorismo en los 煤ltimos tres gobiernos de Bolivia reflejan que existe un sistema judicial al servicio del poder pol铆tico de turno, que act煤a para asfixiar con procesos penales a los adversarios. Los casos proceden o se archivan, dependiendo de qui茅n sea el procesado y el color pol铆tico del gobierno de turno.
Los gobiernos de Evo Morales (2006-2019, tres gestiones), los casi 12 meses de la gesti贸n de Jeanine A帽ez y ahora los seis meses de administraci贸n de Luis Arce muestran ese panorama “vergonzoso” del accionar de la Justicia –tanto del Ministerio P煤blico como del 脫rgano Judicial-, seg煤n el parecer de legisladores de oficialismo y oposici贸n.
“La Justicia viene mal desde que se eligieron las autoridades, con procesos que fueron ama帽ados, se design贸 autoridades no probas ni ten铆an meritocracia. Los 煤ltimos tres a帽os, en el tema Evo Morales, el gobierno transitorio y en este nuevo gobierno te muestra una Justicia que no es independiente, que se somete al partido de turno”, refiri贸 a ANF el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza.
“La Justicia en estos 煤ltimos tres a帽os ha funcionado a prepago y eso hemos podido ver, est谩 a funcionalidad al gobierno de turno, no han hecho respetar lo que ellos juran cuando son posesionados: impartir justicia. Durante el r茅gimen de A帽ez hemos visto de qu茅 lado ha estado el Ministerio P煤blico, los jueces, persiguiendo a compa帽eros”, refiri贸 a ANF el diputado del MAS, Daniel Rojas, miembro de la Comisi贸n de Justicia Plural, Ministerio P煤blico y Defensa Legal del Estado.
Reconoci贸 que la Justicia est谩 en “crisis y agonizando” y requiere una urgente renovaci贸n. Record贸 que el ministro de Justicia, Iv谩n Lima, intent贸 de inicio cambiar ese panorama, pero no funcion贸 por la falta de socializaci贸n.
En una ocasi贸n, el ahora exasamble铆sta departamental del MAS, Gustavo Torrico, afirm贸 que son los mismos operadores judiciales los que se dan la vuelta a cada gobierno de turno. “El Ministerio P煤blico es un club de bufones que saltan cuando se sienta el rey, no importa de qu茅 color sea el rey, el rey se sienta y ellos empiezan a saltar a su alrededor, es una verg眉enza”, apunt贸.
A partir de ese contexto, surge la siguiente interrogante: ¿Por qu茅, en procesos de relevancia nacional, unos avanzan, otros se cierran y otros se retardan?
Casos de “terrorismo” en los tres gobiernos
– Hotel Las Am茅ricas
El 16 de abril de 2009, la Polic铆a ejecut贸 el asalto al Hotel Las Am茅ricas, en la ciudad de Santa Cruz, para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretend铆a asesinar al presidente Evo Morales y convulsionar al pa铆s. Ah铆 murieron acribillados tres extranjeros: Eduardo R贸zsa Flores, h煤ngaro-boliviano; 脕rp谩d Magyarosi, h煤ngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irland茅s; fueron detenidos Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod T贸谩s贸, h煤ngaro, entre otros.
El gobierno de Morales lo calific贸 como un hecho terrorista e hizo procesar a m谩s de 20 personas durante 11 a帽os. Ya en el gobierno transitorio de A帽ez en 2020, el Ministerio de Gobierno y luego la Fiscal铆a retiraron la acusaci贸n y la Justicia absolvi贸 a los involucrados. Es as铆, que el hecho fue calificado como un “montaje”.
¿Qu茅 hubiese pasado con el caso de seguir el gobierno de Morales? El juicio hubiese proseguido extendi茅ndose sin justificaci贸n, pero tarde o temprano iba a cerrarse porque no hab铆a pruebas, se帽al贸 Gary Prado, abogado que sigui贸 el proceso de principio a fin.
Con el cierre del proceso, la investigaci贸n contra tres exministros denunciados por pago de pasajes y vi谩ticos a jueces; a quienes “montaron” el proceso; a los que contrataron a los extranjeros y a los que los mataron; a jueces sindicados en irregularidades; se frenaron en el gobierno de Arce y quedaron en la “impunidad absoluta”, indic贸.
“Nunca citaron ni a Carlos Romero ni a Hugo Moldiz ni a Jorge P茅rez (exministros de Gobierno). Cuando se apersonaron como v铆ctimas algunos de los procesados, mi padre, el arquitecto Castedo, el doctor Justiniano, Monasterio, Marinkovic, supimos, no nos notificaron a煤n, el rechazo de esa denuncia”, precis贸 Prado.
Audio sobre cerco a ciudades
Tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre de 2019, sus seguidores se vieron involucrados en una serie de hechos como bloqueos, actos vand谩licos, saqueos, pedidos de guerra civil, grupos subversivos armados y amenazas de estallar la planta de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata, seg煤n denunci贸 A帽ez en ese momento, quema de casas particulares y buses PumaKatari, entre otros.
En ese contexto, se hizo p煤blico un audio donde Morales en su condici贸n de asilado pol铆tico en M茅xico, habr铆a instruido, v铆a contacto telef贸nico, al dirigente Faustino Yucra cercar las ciudades, dejarlas sin alimento hasta garantizar su retorno al gobierno. El audio fue sometido a una pericia internacional con el resultado de alta probabilidad de que sea voz del exmandatario.
La Fiscal铆a abri贸 el caso a denuncia del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, incluso dio curso a la acumulaci贸n de varias denuncias interpuestas contra el exmandatario, expidi贸 la orden de aprehensi贸n, la imputaci贸n por terrorismo y financiamiento al terrorismo; pero la Justicia las dej贸 sin efecto, considerando que ten铆an errores.
Tambi茅n se dispusieron procesos y detenciones de dirigentes y exautoridades del MAS, sindicados en los hechos irregulares de noviembre de 2019.
“Si hubi茅semos seguido en el r茅gimen de Jeanine A帽ez, les aseguro que nuestros compa帽eros no hubiesen salido (de la c谩rcel), hayan estado sigue presos”, se帽al贸 el diputado Rojas. Muchos casos se fueron cerrando, una vez que Luis Arce lleg贸 al gobierno.
En el caso del audio, en el gobierno de Arce, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declar贸 competente para tratar el proceso y remiti贸 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para que esa instancia, en la que el MAS tiene mayor铆a, defina si corresponde o no un juicio de responsabilidades contra el exmandatario.
Entonces, ¿Evo Morales era o no presidente cuando desde M茅xico habr铆a instruido cercar las ciudades? Hizo p煤blica su renuncia y sali贸 del pa铆s abandonando sus funciones, corresponde sea procesado en la v铆a penal, respondi贸 el abogado Jorge Santisteban. Cree que la decisi贸n de la Justicia es para proteger a Morales, ya que en la ALP ser谩 absuelto por la simple mayor铆a del MAS, aunque se requiere dos tercios para estos casos.
“Esto significa que el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, han dado muestras de que est谩n dominados, sometidos a la voluntad pol铆tica del MAS”, apunt贸.
En cambio, el diputado Rojas se帽al贸 que este proceso es pol铆tico y sospecha que el audio es “montado” o “falso”.
El supuesto “golpe de Estado”
El denominado caso del supuesto “golpe de Estado” se abri贸 a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS), en diciembre de 2020 en el gobierno de Arce, en contra del exc铆vico Luis Fernando Camacho, militares, polic铆as y otros por terrorismo, sedici贸n y conspiraci贸n al mandato de Evo Morales.
La Fiscal铆a admiti贸 la denuncia y con celeridad hizo encarcelar a la expresidenta Jeanine A帽ez, dos exministros y sindic贸 en la investigaci贸n a varias exautoridades, militares y polic铆as. Al caso, se adhirieron como demandantes: la Procuradur铆a General del Estado y el Ministerio de Gobierno. Algunos juristas consideran que la imputaci贸n contra la exmandataria y los dos exministros tiene inconsistencias y apreciaciones subjetivas, carecen de elementos probatorios id贸neos como para justificar la detenci贸n.
Para A帽ez es un proceso pol铆tico ya que la Fiscal铆a no present贸 ninguna evidencia en su contra, pese a eso, se le ampli贸 el caso por resoluciones contrarias a la Constituci贸n y las leyes e incumplimiento de deberes, a petici贸n de la Procuradur铆a.
“Si el Ministerio P煤blico va a actuar en funci贸n a lo que le digan las partes, evidentemente estamos vulnerando la seguridad jur铆dica (del proceso)”, cuestion贸 Luis Guillen, abogado de la exmandataria.
El mismo activista de Derechos Humanos, David Inca, en declaraciones a otro medio, cuestion贸 a la Fiscal铆a por la celeridad con que investiga un caso “pol铆tico” como el del “golpe de Estado” y no hay avances en investigaciones de las muertes registradas en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019, durante el gobierno de A帽ez.
“S铆 hay avances en un tema pol铆tico, por ejemplo, en el tema de sedici贸n, terrorismo que ha iniciado la se帽ora Lidia Patty, ese tiene un car谩cter ya m谩s pol铆tico y ah铆 tienen 13 imputados y tres cautelados en menos de cuatro meses, pero en el caso nuestro ya un a帽o y seis meses del caso Senkata, s贸lo tenemos dos cautelados”, lament贸.
El abogado Gary Prado considera que con el caso “golpe de Estado”, el gobierno del MAS pretende “reescribir la historia en las narices de todo el pueblo” y tapar el caso fraude electoral de octubre de 2019.
“Hay una nueva manipulaci贸n del 脫rgano Judicial, de la Fiscal铆a y la Polic铆a en las labores de investigaci贸n para utilizar a la Justicia como un mecanismo de persecuci贸n”, manifest贸.
La judicializaci贸n de la pol铆tica y la asfixia al adversario
Parlamentarios y analistas coincidieron en que cada gobierno usa la Justicia para atacar o perseguir al adversario pol铆tico, inicia con un proceso para luego multiplicar una serie de casos “absurdos” a fin de evitar que salgan de prisi贸n y darles un “escarmiento”.
“Eso es porque la Fiscal铆a es un brazo operativo del gobierno, que persigue a los l铆deres opositores, est谩 judicializando la pol铆tica, porque tienes cinco o seis procesos que en realidad no tienen el debido proceso”, se帽al贸 el diputado Pedraza.
Dijo que los mismos parlamentarios del MAS denunciaron que fueron perseguidos en el gobierno de A帽ez a trav茅s de la Justicia, reconocen que estaba cooptada por el Ejecutivo, y ahora la defienden, porque “persigue al adversario”.
La analista y abogada Jalith Mari帽o dijo que en estos casos se olvida el respeto al debido proceso y que nadie debe ser juzgado dos veces por un mismo hecho. “Es una estrategia de coerci贸n (el abrir varios casos contra una sola persona), que sirva de escarmiento a aquel que no est茅 de acuerdo con la ideolog铆a pol铆tica que est谩 vigente. Si bien no es legal este aspecto, el Ministerio P煤blico es utilizado como instrumento para generar esa coerci贸n”, mencion贸.
Por tanto, los cuestionamientos y denuncias al sistema judicial, hacen ver que esa instancia incluso estar铆a vulnerando principios enmarcados en la Constituci贸n Pol铆tica del Estado: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jur铆dica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jur铆dico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participaci贸n ciudadana, armon铆a social y respeto a los derechos”. (CPE, Art. 178)
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