Estudio revela las 6 verdades de la nacionalización del gas
Estudio revela las 6 verdades de la nacionalización del gas
El desarrollo de los campos está con las petroleras, se estancó la exploración, los ingresos se dieron por precios, se devuelve todo a empresas y hay declinación.
Instalaciones del campo San Alberto el 1 de mayo de 2006. Foto: ABI
Página Siete/ La Paz
Una investigación realizada por Diego Ayo auspiciada por la fundación Pazos Kanki, revela las seis incongruencias o "verdades” del proceso de nacionalización de los hidrocarburos impulsada por la actual administración de Gobierno el 1 de mayo de 2006.
El documento de análisis fue presentado la noche del miércoles y fue editado por el periodista Raúl Peñaranda.
La primera verdad que detalla la investigación es que el desarrollo de los campos gasíferos, aún está en manos de las empresas transnacionales.
Entre 2009 y 2013 las reservas probadas de gas incrementaron en 0,51 TCF, de 9,94 a 10,45 TCF, a razón de 0,13 TCF por año.
Ese pequeño aumento se debe a actividades de desarrollo de campos que estaban en producción anteriormente y no producto de nuevas actividades exploratorias. De hecho, la mayor contribución al incremento de reservas probadas es el aporte de los proyectos encarados por Total (Campo Incahuasi), Repsol (Campo Margarita) y Petrobras (Campo Sábalo), los cuales fueron negociados antes de la nacionalización en 2006, precisa.
La segunda verdad que revela la investigación es que antes había mayor exploración.
En el periodo 2006-2014 se perforaron 51 pozos exploratorios, la mayoría de ellos en la gestión 2013. Durante el periodo 2006-2012 se intervinieron 24 pozos, a razón de tres por año.
En el periodo 1997-2005, en el que se perforaron 122 pozos a razón de 13 pozos por año en promedio, destaca el análisis.
La tercera verdad apunta al agotamiento de los campos.
Según el documento, la explotación de hidrocarburos atraviesa una situación difícil debido a la baja en la producción, ya que varios campos como San Alberto, La Vertiente, Escondido, Palo Marcado, Los Suris, Vuelta Grande, Colpa, Caranda, Carrasco, Paloma, Víbora, Sirari, entre otros, han entrado en su fase de declinación. Además, salvo los campos Dorado Oeste y Caigua, descubiertos por YPFB Chaco, no se han hallado nuevos para reponer la producción.
Un problema intrínseco que conlleva esta situación es que a medida que la producción de un campo declina es más difícil y costoso poder recuperar los hidrocarburos remanentes en el reservorio, por lo que llegará un punto en el que esa producción no sea económicamente viable.
Es el caso de algunos campos productores de petróleo que tienen costos de producción por encima del precio en el que ese petróleo se vende a nivel nacional e internacional.
La cuarta verdad tiene que ver con el impacto del alza del petróleo por encima de 100 dólares entre 2009 y 2014 en los ingresos fiscales.
La renta petrolera se incrementó entre 2006 y 2014 de 1.473 millones a 5.489 millones de dólares. Además, Bolivia incrementó su producción, principalmente destinada a los mercados de exportación.
La quinta verdad refiere la burocracia que existe para aprobar contratos. El tiempo transcurrido entre el inicio de la negociación y la aprobación del contrato en la Asamblea Legislativa es de alrededor de dos años, de los cuales al menos 18 meses corresponden a trámites administrativos en las distintas instancias gubernamentales.
La investigación revela que en el periodo 2007-2014, los costos recuperables que el Estado puede llegar a devolver a las transnacionales es de 5.424 millones de dólares y si se toma el año 205 el monto supera los 6 millones de dólares. "Existe un amplio y ambiguo terreno para que las petroleras puedan demandar la devolución de esos gastos. Esta norma ha permitido su uso anómalo y abusivo”, apunta el estudio como una sexta verdad.
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