Advierten sobre los costos ocultos de exportar las materias primas
Advierten sobre los costos ocultos de exportar las materias primas
Escrito por Alejandro Zegada/El País eN Ago 10, 2015
Más del 82% de las exportaciones bolivianas están concentradas en hidrocarburos y minerales. Sin embargo, las regalías e impuestos generados por estas actividades (renta extractiva) significan sólo el 28.66% de las recaudaciones fiscales del país, monto que alcanza los Bs. 17.280 millones, de un total de 60.279 millones, según datos oficiales presentados por Georgina Jiménez, investigadora del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
En realidad, la gran mayoría de las recaudaciones impositivas provienen de lo que pagan los ciudadanos y empresas a través del IEHD, IUE, IT, IVA, ICE, el gravamen aduanero, entre otros. Estos impuestos representan el 71,33% del total de las recaudaciones, lo que el año 2014 significó casi 40.900 millones de bolivianos.
De todos estos impuestos, el que más peso e importancia tiene es el que pagan los ciudadanos comunes -lo proveniente del IVA- (el 38%), o sea 15.505 millones de bolivianos, que se acerca mucho a lo generado por la renta extractiva (IDH y regalías).
Pese a ello, el Gobierno busca compensar los bajos precios actuales de las materias primas que Bolivia exporta (minerales e hidrocarburos) mediante el ya conocido aumento de volúmenes de exportación (exportar más a precios menores).
Pero también busca asegurar la continuidad de este modelo, así como la viabilidad de los proyectos de industrialización de hidrocarburos mediante los polémicos decretos que autorizan la exploración de hidrocarburos en Áreas Protegidas y Parques Nacionales.
Es verdad que las políticas de redistribución del Gobierno han permitido que Bolivia disminuya el número de personas extremadamente pobres “muy por encima de la reducción de pobreza promedia en Latinoamérica”, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Entre 1999 y 2012, “la cantidad de población que dejó atrás la pobreza para ingresar al estrato medio de ingresos creció en más de tres millones de personas”, según el PNUD, pero advierte que “este crecimiento de la clase media incluye una gran proporción de personas en situación de vulnerabilidad (30% de la población), que se encuentran, por lo tanto, ante el peligro de recaer en la pobreza en caso de perder su empleo, o sufrir alguna adversidad”.
Ello da cuenta de que la economía en sí no ha cambiado estructuralmente: más allá de la captación de una mayor porción de la renta extractiva y una mejor redistribución, seguimos siendo un país exportador de materias primas y dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional.
La polémica ya está posicionada, pues los decretos para explorar en áreas protegidas han generado una división en la sociedad y más entre grupos de indígenas afectados por las actividades extractivas en sus regiones.
Las posiciones a favor y en contra de estos decretos están reposicionando el debate nacional sobre el tipo de desarrollo que más le conviene a Bolivia, que busque un equilibrio entre las necesidades energéticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y de calidad de vida.
Gas, minerales… y biósfera
Bolivia cuenta con riquezas naturales diversas, no sólo gas y minerales. Nuestro país es (todavía) uno de los 16 países que más biodiversidad tiene en el planeta. Juntos, estos 16 países poseen un hábitat de aproximadamente el 70% de todas las especies conocidas.
Según el investigador del CEDIB, Jorge Campanini, “el territorio boliviano alberga entre el 35 y 45% de toda la diversidad biológica planetaria”. Está entre los 10 países más diversos en vertebrados (más de 2.900 especies), es el séptimo en cuanto a diversidad de anfibios, noveno en reptiles, el quinto en aves, y está también entre los 11 países con mayor diversidad de plantas del planeta (más de 20.000 especies de plantas superiores).
Sólo en el área de los Yungas (desde los Yungas paceños a los cochabambinos) se concentra el 35% de la biodiversidad nacional y el 90% de las especies endémicas registradas en el país.
Mucha de la riqueza de especies de mamíferos y la fauna endémica se distribuye a lo largo del corredor Vilcabamba (Perú) – Amboró (Santa Cruz), que incluye la importante zona de los yungas bolivianos.
“El corredor biológico Vilcabamba – Amboró es el corredor de conservación más importante del mundo, cuyos bosques se encuentran entre los todavía mejor conservados del planeta”, destaca Campanini. Este corredor incluye los Parques y Áreas Protegidas en el norte de La Paz (Madidi, Pilon Lajas), el TIPNIS y el Parque Carrasco de Cochabamba, el Parque Amboró en Santa Cruz, entre otros.
Por su parte, Jiménez lamentó que “a pesar de las casi 60 áreas protegidas creadas en todo el país (entre ellas 22 parques nacionales), el avance de un modelo de desarrollo basado en la extracción de inmensos volúmenes de recursos para fines de exportación, ha constituido desde tiempo atrás una amenaza seria a la biodiversidad y al patrimonio natural del país”.
La investigadora también criticó que la prioridad nacional siga siendo “la construcción de la infraestructura de exportación”, así como el “el incentivo que el propio Gobierno está dando para la expansión de monocultivos de exportación, particularmente soya en áreas tradicionalmente forestales, y ha alertado también que “la ampliación de las actividades mineras está afectando estratégicas fuentes de agua”.
“Minería aporta menos que los barones del estaño”
Los datos oficiales muestran un importante incremento en los volúmenes de explotación y exportación de minerales durante los periodos de gestión del actual Gobierno.
Según datos del Viceministerio de Política Minera, procesado por el CEDIB, el promedio de exportaciones mineras entre 2006-2013 ha registrado un valor de $us 2.379 millones. Pero el promedio de regalías e impuestos mineros en el mismo periodo registra sólo $us 222 millones. Esto significa que la minería deja al Estado apenas el 9% de lo que exporta.
Estas cifras contrastan con lo que dejaba la COMIBOL entre los años 1952 y 1956, que alcanzaba al 56% de lo que exportaba. Peor aún: la investigadora Georgina Jiménez afirma que hoy el Estado se queda inclusive con “menos de lo que nos dejaban los barones del estaño”, quienes aportaban con el 13.5% de lo exportado.
“A partir de lo que el Gobierno llama ‘Nacionalización’, se aumentó la extracción de minerales pero la explotación minera se sigue realizando con fines exclusivos de exportación. Hasta ahora, no hemos logrado cambiar la condición de país primario exportador”, advierte Jiménez.
La exportación minera es principalmente de concentrados (materia prima sin fundición) y en menor medida metálicos (minerales que pasan por fundición). Entre 2005 y 2013 la producción de concentrados se ha más que duplicado en tanto la de metálicos sigue siendo poco significativa.
Además, según el Informe Ministerio Minería y Metalurgia del año 2012 (los datos del 2013 no se han tomado en cuenta, pues existen diferencias significativas entre varios datos oficiales, son datos aún preliminares y no tienen registro por sub sector), casi el 95% de las exportaciones mineras son realizadas por la minería mediana, pequeña y por las cooperativas, mientras sólo el 5% las realiza la minería estatal.
Mientras la minería deja magros recursos para el Estado, lo cierto es que esta actividad ya controla gran parte del agua dulce en nuestro país. Según datos del CEDIB al 2013, 15 humedales están superpuestos con áreas mineras. Estos 15 humedales representan el 44% del total de la superficie de humedales en Bolivia, y abarcan casi 3.4 millones de hectáreas.
Los humedales son zonas de superficie terrestre inundadas temporal o permanentemente, y que por sus características son vitales para los seres vivos que los habitan (principalmente especies endémicas, nativas), que a su vez son esenciales para los ecosistemas donde se encuentran. En Bolivia, están protegidos por la Ley 2357 y la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR 1971.
Deforestación: más peligrosa que el cambio climático
El año 2010 la Fundación Amigos de la Naturaleza realizó varios estudios para medir el impacto del cambio climático en distintos sectores de producción de Santa Cruz. Uno de esos estudios encontró que en las cinco zonas estudiadas (Yapacaní, San Pedro, Portachuelo, San Julián y Ascensión de Guarayos), el cambio climático aislado tiene consecuencias negativas para los rendimientos del cultivo de arroz.
Pero la investigadora Andrea Urioste, de la Fundación Amigos de la Naturaleza-Bolivia, considera que la deforestación constituye una amenaza mayor a la del cambio climático, tanto por la magnitud del fenómeno como por los efectos asociados que produce.
“En Bolivia, la tasa de deforestación es de 350.000 hectáreas (ha) al año, pero en términos per cápita es de 320 m2 /persona/año: una tasa 20 veces más alta que el promedio mundial (16 m2 /persona/año) y una de las más altas del mundo, superando los niveles de otros grandes países deforestadores como Brasil, Indonesia, China y Malasia”, afirma Urioste.
Según otra investigación, realizada por Urioste, para finales del siglo se calcula una deforestación superior a las 33 millones de hectáreas de bosque. “En tierras bajas, los procesos de deforestación son responsables del 95% de la reducción en el nivel de biodiversidad, mientras que el cambio climático solamente es responsable del 5%”, detalla la investigadora.
Urge cuantificar el valor de la naturaleza
Para Urioste, los bosques ofrecen una única oportunidad para mitigar y adaptarse al cambio climático: “Aproximadamente el 20% de la reducción de emisiones necesarias antes de 2020 para prevenir que la temperatura global aumente más de 2°C, puede lograrse si se reducen las emisiones provenientes de deforestación y degradación, se conservan las reservas forestales de carbono existentes y se aumentan las reservas forestales de carbono or medio de la aforestación y la reforestación”.
En Bolivia, agrega, es urgente otorgar un valor a la biodiversidad y a los servicios que los ecosistemas brindan. “El agua, la tierra, el bosque y el aire conforman el capital natural que brinda servicios de secuestro y almacenamiento de carbono, producción de alimento, fibra y materiales de construcción, y de provisión de agua que frecuentemente no son valorados pr el conjunto de la población”, afirma la investigadora.
Añade que a “más de un siglo después de la revolución industrial, Bolivia podría encontrarse en el mismo punto de inflexión en el que se encontraron los países del emisferio norte, pero con una gran diferencia: la amenaza del cambio climático”.
Es por ello que Urioste propone que Bolivia obtenga una compensación histórica por deuda climática de los países desarrollados manteniendo una postura firme en las negociaciones en el marco de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, canjeando así la deuda ecológica por desarrollo sostenible.
De todos estos impuestos, el que más peso e importancia tiene es el que pagan los ciudadanos comunes -lo proveniente del IVA- (el 38%), o sea 15.505 millones de bolivianos, que se acerca mucho a lo generado por la renta extractiva (IDH y regalías).
Pese a ello, el Gobierno busca compensar los bajos precios actuales de las materias primas que Bolivia exporta (minerales e hidrocarburos) mediante el ya conocido aumento de volúmenes de exportación (exportar más a precios menores).
Pero también busca asegurar la continuidad de este modelo, así como la viabilidad de los proyectos de industrialización de hidrocarburos mediante los polémicos decretos que autorizan la exploración de hidrocarburos en Áreas Protegidas y Parques Nacionales.
Es verdad que las políticas de redistribución del Gobierno han permitido que Bolivia disminuya el número de personas extremadamente pobres “muy por encima de la reducción de pobreza promedia en Latinoamérica”, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Entre 1999 y 2012, “la cantidad de población que dejó atrás la pobreza para ingresar al estrato medio de ingresos creció en más de tres millones de personas”, según el PNUD, pero advierte que “este crecimiento de la clase media incluye una gran proporción de personas en situación de vulnerabilidad (30% de la población), que se encuentran, por lo tanto, ante el peligro de recaer en la pobreza en caso de perder su empleo, o sufrir alguna adversidad”.
Ello da cuenta de que la economía en sí no ha cambiado estructuralmente: más allá de la captación de una mayor porción de la renta extractiva y una mejor redistribución, seguimos siendo un país exportador de materias primas y dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional.
La polémica ya está posicionada, pues los decretos para explorar en áreas protegidas han generado una división en la sociedad y más entre grupos de indígenas afectados por las actividades extractivas en sus regiones.
Las posiciones a favor y en contra de estos decretos están reposicionando el debate nacional sobre el tipo de desarrollo que más le conviene a Bolivia, que busque un equilibrio entre las necesidades energéticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y de calidad de vida.
Gas, minerales… y biósfera
Bolivia cuenta con riquezas naturales diversas, no sólo gas y minerales. Nuestro país es (todavía) uno de los 16 países que más biodiversidad tiene en el planeta. Juntos, estos 16 países poseen un hábitat de aproximadamente el 70% de todas las especies conocidas.
Según el investigador del CEDIB, Jorge Campanini, “el territorio boliviano alberga entre el 35 y 45% de toda la diversidad biológica planetaria”. Está entre los 10 países más diversos en vertebrados (más de 2.900 especies), es el séptimo en cuanto a diversidad de anfibios, noveno en reptiles, el quinto en aves, y está también entre los 11 países con mayor diversidad de plantas del planeta (más de 20.000 especies de plantas superiores).
Sólo en el área de los Yungas (desde los Yungas paceños a los cochabambinos) se concentra el 35% de la biodiversidad nacional y el 90% de las especies endémicas registradas en el país.
Mucha de la riqueza de especies de mamíferos y la fauna endémica se distribuye a lo largo del corredor Vilcabamba (Perú) – Amboró (Santa Cruz), que incluye la importante zona de los yungas bolivianos.
“El corredor biológico Vilcabamba – Amboró es el corredor de conservación más importante del mundo, cuyos bosques se encuentran entre los todavía mejor conservados del planeta”, destaca Campanini. Este corredor incluye los Parques y Áreas Protegidas en el norte de La Paz (Madidi, Pilon Lajas), el TIPNIS y el Parque Carrasco de Cochabamba, el Parque Amboró en Santa Cruz, entre otros.
Por su parte, Jiménez lamentó que “a pesar de las casi 60 áreas protegidas creadas en todo el país (entre ellas 22 parques nacionales), el avance de un modelo de desarrollo basado en la extracción de inmensos volúmenes de recursos para fines de exportación, ha constituido desde tiempo atrás una amenaza seria a la biodiversidad y al patrimonio natural del país”.
La investigadora también criticó que la prioridad nacional siga siendo “la construcción de la infraestructura de exportación”, así como el “el incentivo que el propio Gobierno está dando para la expansión de monocultivos de exportación, particularmente soya en áreas tradicionalmente forestales, y ha alertado también que “la ampliación de las actividades mineras está afectando estratégicas fuentes de agua”.
“Minería aporta menos que los barones del estaño”
Los datos oficiales muestran un importante incremento en los volúmenes de explotación y exportación de minerales durante los periodos de gestión del actual Gobierno.
Según datos del Viceministerio de Política Minera, procesado por el CEDIB, el promedio de exportaciones mineras entre 2006-2013 ha registrado un valor de $us 2.379 millones. Pero el promedio de regalías e impuestos mineros en el mismo periodo registra sólo $us 222 millones. Esto significa que la minería deja al Estado apenas el 9% de lo que exporta.
Estas cifras contrastan con lo que dejaba la COMIBOL entre los años 1952 y 1956, que alcanzaba al 56% de lo que exportaba. Peor aún: la investigadora Georgina Jiménez afirma que hoy el Estado se queda inclusive con “menos de lo que nos dejaban los barones del estaño”, quienes aportaban con el 13.5% de lo exportado.
“A partir de lo que el Gobierno llama ‘Nacionalización’, se aumentó la extracción de minerales pero la explotación minera se sigue realizando con fines exclusivos de exportación. Hasta ahora, no hemos logrado cambiar la condición de país primario exportador”, advierte Jiménez.
La exportación minera es principalmente de concentrados (materia prima sin fundición) y en menor medida metálicos (minerales que pasan por fundición). Entre 2005 y 2013 la producción de concentrados se ha más que duplicado en tanto la de metálicos sigue siendo poco significativa.
Además, según el Informe Ministerio Minería y Metalurgia del año 2012 (los datos del 2013 no se han tomado en cuenta, pues existen diferencias significativas entre varios datos oficiales, son datos aún preliminares y no tienen registro por sub sector), casi el 95% de las exportaciones mineras son realizadas por la minería mediana, pequeña y por las cooperativas, mientras sólo el 5% las realiza la minería estatal.
Mientras la minería deja magros recursos para el Estado, lo cierto es que esta actividad ya controla gran parte del agua dulce en nuestro país. Según datos del CEDIB al 2013, 15 humedales están superpuestos con áreas mineras. Estos 15 humedales representan el 44% del total de la superficie de humedales en Bolivia, y abarcan casi 3.4 millones de hectáreas.
Los humedales son zonas de superficie terrestre inundadas temporal o permanentemente, y que por sus características son vitales para los seres vivos que los habitan (principalmente especies endémicas, nativas), que a su vez son esenciales para los ecosistemas donde se encuentran. En Bolivia, están protegidos por la Ley 2357 y la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR 1971.
Deforestación: más peligrosa que el cambio climático
El año 2010 la Fundación Amigos de la Naturaleza realizó varios estudios para medir el impacto del cambio climático en distintos sectores de producción de Santa Cruz. Uno de esos estudios encontró que en las cinco zonas estudiadas (Yapacaní, San Pedro, Portachuelo, San Julián y Ascensión de Guarayos), el cambio climático aislado tiene consecuencias negativas para los rendimientos del cultivo de arroz.
Pero la investigadora Andrea Urioste, de la Fundación Amigos de la Naturaleza-Bolivia, considera que la deforestación constituye una amenaza mayor a la del cambio climático, tanto por la magnitud del fenómeno como por los efectos asociados que produce.
“En Bolivia, la tasa de deforestación es de 350.000 hectáreas (ha) al año, pero en términos per cápita es de 320 m2 /persona/año: una tasa 20 veces más alta que el promedio mundial (16 m2 /persona/año) y una de las más altas del mundo, superando los niveles de otros grandes países deforestadores como Brasil, Indonesia, China y Malasia”, afirma Urioste.
Según otra investigación, realizada por Urioste, para finales del siglo se calcula una deforestación superior a las 33 millones de hectáreas de bosque. “En tierras bajas, los procesos de deforestación son responsables del 95% de la reducción en el nivel de biodiversidad, mientras que el cambio climático solamente es responsable del 5%”, detalla la investigadora.
Urge cuantificar el valor de la naturaleza
Para Urioste, los bosques ofrecen una única oportunidad para mitigar y adaptarse al cambio climático: “Aproximadamente el 20% de la reducción de emisiones necesarias antes de 2020 para prevenir que la temperatura global aumente más de 2°C, puede lograrse si se reducen las emisiones provenientes de deforestación y degradación, se conservan las reservas forestales de carbono existentes y se aumentan las reservas forestales de carbono or medio de la aforestación y la reforestación”.
En Bolivia, agrega, es urgente otorgar un valor a la biodiversidad y a los servicios que los ecosistemas brindan. “El agua, la tierra, el bosque y el aire conforman el capital natural que brinda servicios de secuestro y almacenamiento de carbono, producción de alimento, fibra y materiales de construcción, y de provisión de agua que frecuentemente no son valorados pr el conjunto de la población”, afirma la investigadora.
Añade que a “más de un siglo después de la revolución industrial, Bolivia podría encontrarse en el mismo punto de inflexión en el que se encontraron los países del emisferio norte, pero con una gran diferencia: la amenaza del cambio climático”.
Es por ello que Urioste propone que Bolivia obtenga una compensación histórica por deuda climática de los países desarrollados manteniendo una postura firme en las negociaciones en el marco de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, canjeando así la deuda ecológica por desarrollo sostenible.
Cinco Áreas Protegidas en peligro de extinción
El investigador Jorge Campanini informó que, por la cantidad de superficie comprometida, hay al menos cinco Áreas Protegidas que pueden dejar de existir tal como las conocemos hoy.
De hecho, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao (Chuquisaca) sería el más afectado, pues el 90.8% de su superficie total se verá comprometida con las actividades petroleras. La Reserva Biológica y Territorio Indígena Pilón Lajas (La Paz y Beni) tendrá el 85% de su territorio afectado. El 75.5% del territorio del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (La Paz) también será afectado.
Por su parte, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, y la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (ambos en Tarija) verán el 72.5% y el 55% de sus territorios respectivamente afectados por la nueva frontera hidrocarburífera.
Campanini también ha alertado sobre la masiva presencia de empresas transnacionales en las áreas protegidas, entre contratos concretados y compromisos. Por ejemplo, en el Iñao se tendría la presencia de la francesa Total y la rusa Gazprom. En Tariquía estarían Petrobras y BG. En Pilón Lajas y el Madidi ingresarían Petrobras y Repsol.
También ha llamado la atención conocer que el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) del año 2014 estuvo mayormente financiado no por Bolivia, sino por donaciones extranjeras: de un presupuesto total de 8.847.913 dólares, el 62% fue financiado por donaciones extranjeras y el 38% por el Tesoro General del Estado.
Asimismo, sólo el 10.55% del presupuesto total estuvo destinado a inversión en las áreas protegidas, mientras el restante 89% se utilizó en gasto corriente.
De hecho, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao (Chuquisaca) sería el más afectado, pues el 90.8% de su superficie total se verá comprometida con las actividades petroleras. La Reserva Biológica y Territorio Indígena Pilón Lajas (La Paz y Beni) tendrá el 85% de su territorio afectado. El 75.5% del territorio del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (La Paz) también será afectado.
Por su parte, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, y la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (ambos en Tarija) verán el 72.5% y el 55% de sus territorios respectivamente afectados por la nueva frontera hidrocarburífera.
Campanini también ha alertado sobre la masiva presencia de empresas transnacionales en las áreas protegidas, entre contratos concretados y compromisos. Por ejemplo, en el Iñao se tendría la presencia de la francesa Total y la rusa Gazprom. En Tariquía estarían Petrobras y BG. En Pilón Lajas y el Madidi ingresarían Petrobras y Repsol.
También ha llamado la atención conocer que el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) del año 2014 estuvo mayormente financiado no por Bolivia, sino por donaciones extranjeras: de un presupuesto total de 8.847.913 dólares, el 62% fue financiado por donaciones extranjeras y el 38% por el Tesoro General del Estado.
Asimismo, sólo el 10.55% del presupuesto total estuvo destinado a inversión en las áreas protegidas, mientras el restante 89% se utilizó en gasto corriente.
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